La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) ha presentado, con motivo del Día Internacional de la Erradicación de la Discriminación Racial que se conmemora mañana, su informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2023. 35 años de vidas sin rastro. Este año es un monográfico dedicado a las personas muertas y desaparecidas intentando alcanzar España. En él, la organización denuncia que más del 40% de las personas que perdieron la vida en su trayecto migratorio lo hicieron en los tres últimos años, según los registros anuales que lleva a cabo la organización.

Al menos 5.744 personas murieron o desaparecieron durante los tres últimos años, elevando la serie histórica a 14.109 personas, “personas con nombre y apellidos, con una vida, con una familia y unos sueños ahora rotos”.  Desde la APDHA recuerdan que el año 2021 fue el de mayor número de víctimas (al menos 2.126) y que este 2022 ha sido el segundo año. «De acuerdo a nuestra monitorización, han sido 1.901 personas las fallecidas o desaparecidas durante el año pasado. Eso supone que cada día han perdido la vida más de cinco personas tratando de entrar en territorio español desde África. Es decir, aproximadamente, cada cuatro horas y media una persona muere o desaparece en el trayecto migratorio hacia España«.

La inanición por falta de alimento o agua potable, la hipotermia, la aspiración tóxica, las quemaduras producidas por la mezcla de agua salada y gasolina y las caídas al mar por el hacinamiento en las embarcaciones son las principales causas de muerte durante las travesías, según la APDHA.

“Pero este coste en vidas humanas no un suceso accidental, es el fruto de unas políticas migratorias concretasque tratan de impermeabilizar la frontera sur a través de la militarización de las rutas, la externalización del control migratorio, la criminalización de los flujos y la despersonalización de las víctimas”, denuncia la asociación.

De hecho, el objetivo de informe es analizar el efecto de las políticas en la vulneración grave de los derechos humanos de las personas que desde África tratan de migrar a España y la ausencia de mecanismos para paliar esta tragedia, así como señalar la política migratoria y de fronteras como una de las formas más claras de discriminación racial.

«Estas políticas generan un gran sufrimiento», continúan desde la organización. «Desde la aparición del primer cadáver de una víctima de estas políticas migratorias, en noviembre de 1988, han pasado 35 años en los que el goteo constante de muertes y desapariciones en la frontera provoca un enorme dolor que se omite, como si no existiera».

Además, el informe incide específicamente en los efectos que esta situación genera en las familias. «Da continuidad a la campaña Vidas sin Rastro que iniciamos el año pasado y que busca la creación de instrumentos para sanar el dolor de esas familias y acabar con la grave desprotección institucional que padecen en la búsqueda de sus seres queridos, ante las numerosas trabas burocráticas y la falta de un protocolo claro y de transparencia. La campaña plantea propuestas específicas que pueden reducir el sufrimiento por la pérdida y, sobre todo, por la incertidumbre que estas familias padecen ante el laberinto burocrático español. A la vez, subraya la manera en que tanto las personas desaparecidas o muertas en la frontera sur como sus familiares son víctimas del racismo institucional.

Así mismo, en el documento se incluyen los aspectos jurídicos que subyacen a la necesidad de respetar los derechos de las personas fallecidas y desaparecidas y los de sus familiares. En relación con los familiares también se abordan los aspectos antropológicos que se vinculan a la necesidad que estas familias tienen de un funeral para aquellos familiares que perdieron la vida en el trayecto migratorio.

Desde la organización, indican que «como caso paradigmático de estas políticas de silencio y olvido en torno a las personas muertas y fallecidas en las rutas migratorias, el informe expone la situación vivida en los hechos del 24 de junio en la frontera del Barrio Chino entre Nador y Melilla donde, según fuentes de la APDHA, 73 personas perdieron la vida, 322 personas resultaron heridas y 77 se encuentran en paradero desconocido.